Nos lo habían avisado. Sabíamos que los críticos de Colau eran reaccionarios contrarios al progreso. Y sabíamos, sobre todo, que solo podían ser reaccionarios contrarios al progreso. Colau pasó todo su mandato quejándose de la campaña en su contra que los poderes fácticos de la ciudad habían emprendido y presumiendo de su capacidad de resistencia y de que el tiempo y la ley estaban de su parte.
Como era previsible, la fe de los comunes en la justicia ha durado hasta que la justicia les ha negado la razón y obligando a revertir la peatonalización de unos tramos de "superisla".
La sentencia confirma que Colau hizo y defendió su proyecto estrella con la misma mezcla de suficiencia, dejadez e incompetencia con la que solía dedicarse a los asuntos aburridos de la política, con la convicción de que esos asuntos papeleos trámites, informes de los de verdad, no de los de entidades afines, no eran más que excusas de la casta para mantener el 'status quo'.
La ley es un instrumento al servicio del progreso, y eso explica que presuman constantemente de su abultada agenda legislativa. Porque a más ley, más progreso. Pero precisamente por eso, la ley se respeta como instrumento, y nada más, y el instrumento sirve mientras sirve a quien tiene que servir.
Así, por ejemplo, sabemos que hay veces que es pecado y futuro delito nombrar a la víctima del delito, decir por ejemplo dónde estaba o cómo vestía. Culpar a la víctima, se le llama. Otras veces, a menudo las mismas, sabemos que el pecado es nombrar al criminal, cómo hablaba o de dónde venía. Y hay otras ocasiones en las que no puede hablarse del delito ni del delincuente sino que lo interesante de verdad, lo conveniente en realidad, es hablar del denunciante.
De qué dependen estas cosas parece a veces complejo por cambiante, pero es evidente y muy claro. Depende de si sirve a su discurso, es decir, de si sirve a su poder. En ocasiones como estas, ocasiones como la que aquí nos ocupa, la izquierda tiene no sólo el derecho sino la obligación de preocuparse más de la ideología de la víctima, del denunciante, que de la condena al poderoso.
En casos como estos se investiga al denunciante para recordarnos que nadie de buena fe denunciaría a Colau; es decir, que nadie de buena fe se preocuparía de hacer cumplir la ley. Estas investigaciones refuerzan un principio tóxico: las leyes tienen que estar, en primera instancia, al servicio del progreso. Es decir, de los gobiernos progresistas.
La legitimidad de la defensa de los intereses, e incluso de los derechos y del derecho sin más, se confunde aquí con la alineación ideológica.
De modo que ya no es que se creen derechos de parte pensados como particulares. Derechos digamos como los derechos de las minorías que por su propia naturaleza, solo ellas podrían ejercer. La cuestión es que todos los derechos se vuelven derechos de parte. Y por eso hay que recordarle constantemente a la gente qué derechos debería ejercer y cuáles no.
Así por ejemplo esa reportera a la que tocan el culo en directo y a la que hay que explicarle que ahora sí puede y por lo tanto debe quejarse. Que ahora ya no tiene que limitarse a poner una cara compungida y a tratar de seguir haciendo su trabajo. Hay que explicarle que ahora tiene el derecho, y por lo tanto, el deber de indignarse, de denunciar, de hacer que caiga sobre el tipejo todo el peso del sistema.
O al mismísimo Aznar, al que se le llama golpista para que no se le ocurra ejercer su otrora derecho a manifestarse en contra del gobierno. Hay que recordarle a la reportera su condición de mujer y a Aznar su condición de facha para que sepan muy bien cada uno cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones.
Aquí, y cada vez más, la pregunta interesante es quién tiene derecho a ejercer sus derechos. Es decir, quién tiene derecho al Derecho. Y es la más interesante porque es la última pregunta que se hacen los países libres.