18.1.10

Ciudadanos de segunda

Si hay algo más triste que ser un mero ciudadano del mundo es no ser ni eso. Lo saben bien los inmigrantes de Vic y parecían saberlo muy bien todos esos posmodernos que, asumiendo la demoledora crítica de Nietzsche y Heidegger al humanismo, fueron incapaces de rechazar su mayor logro; los derechos humanos. Prefirieron unos derechos humanos sin fundamento que una filosofía política sin derechos humanos, algo que no siempre ha sido positivo para la filosofía política y que dudo que siempre haya sido bueno para la política. Rechazando cualquier rastro del paternalismo que tanto se le supone a Occidente, el anti-humanismo posmoderno convirtió las palabras del viajero Montaigne en su razón de ser: dicen que saben bien de qué huyen pero ignoran lo que buscan. Ellos sabrán de que huyen, pero está claro que lo que han encontrado y lo que nos han legado son unos derechos humanos que mucho más que con el derecho tienen que ver con el humanitarismo.
De allí que el debate público sobre el caso de Vic se encuentre mucho mejor centrado en el sentimentalismo, que en la legalidad o no de la medida. No quiero decir con esto que sea irrelevante que la medida sonda se ajuste o no a la ley, o que el respeto a la ley sea una cuestión secundaria. Lo que digo más bien es que, sea cual sea la ley, y sirva para lo que sirva el padrón, ahora o en el futuro, lo fundamental del caso es que el derecho a la salud o a la educación no dependan de que el doctor o director de turno tengan la sangre más o menos fría. Porque al menos esos dos son derechos que pueden justificarse todavía como un huir de la ignorancia y la enfermedad “cual pitagórico de las habas”. Y porque, por imperativo del kilómetro sentimental, parece que el problema de garantizarlos es de los ayuntamientos.
Eso es algo que, para bien o para mal, los ayuntamientos parecen entender. Y es algo que también deberían entender muchos de aquellos críticos del caso que se llevaban las manos  la cabeza ante la posibilidad de que los inmigrantes ilegales fuesen denunciados. Porque aunque esa sea ya es una cuestión que escapa a los poderes de un ayuntamiento, que ni denuncia ni debe hacerlo, el perseguir la ilegalidad es una cuestión de política de inmigración. Ya que no todo el problema de esa política se limita a la atención a los derechos humanos del inmigrante, es fundamental que, en consecuente respeto de la jerarquía institucional, no se dé a los ayuntamientos la sensación de que está en sus manos mantener los porcentajes de immigrantes en cifras tan insignificantes como las que al alcalde de Vic le parece que son un 2%.
La política de inmigración de un país tiene mucho más que ver con cuestiones de derechos ciudadanos que de derechos humanos. Que se empadrone a los ciudadanos del mundo es algo que hay que esperar, pero no debe olvidarse que ellos son en realidad esos “ciudadanos de segunda” que andábamos buscando en los lugares más inverosímiles. Nuestras igualitarias sociedades se basan en la lucha contra su existencia, y sobre esa lucha debe basarse también nuestra política de inmigración. Renunciar a esta responsabilidad en nombre de los derechos humanos es de un cinismo que no nos podemos permitir, porque la simple existencia de personas en esa situación de desigualdad jurídica y social es un desafío a nuestros principios éticos y legales.

Artículo publicado en Factual
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1 comentari:

Noctas ha dit...

M'hagués agradat llegir l'article...saludus!